Por qué tener tanto dinero de pensiones se convirtió en un dolor de cabeza para Islandia
Este es uno de esos problemas del primer mundo que quisiéramos tener en los países de América Latina: «no sé qué hacer con tanto dinero».
Aunque es una caricatura, lo cierto es que el sistema de pensiones de Islandia, que ha sido catalogado como uno de los más exitosos del mundo, tiene una cantidad tan gigantesca de recursos que ahora hay un debate en el país sobre cuál es la mejor manera de invertir esos fondos.
Con activos que llegan a casi el doble del tamaño de la economía de la isla del Atlántico Norte, el gobierno liderado por la ambientalista y ecologista, Katrín Jakobsdóttir, está analizando la idea de permitir que las empresas que administran los fondos de los islandeses puedan hacer más inversiones en el extranjero.
Actualmente, las reglas limitan esas inversiones de los fondos en el exterior a un 50%.
«El sistema se ha vuelto demasiado grande», declaró en diciembre el ministro de Finanzas, Bjarni Benediktsson, en una entrevista con la prensa local.
«No hace falta decir que no podemos limitar todas las oportunidades de inversión al mercado nacional», apuntó.
«Las consecuencias de su propio éxito»
Con una cantidad de recursos cercana al 200% del Producto Interno Bruto (PIB), unos US$50.000 millones, «el sistema se enfrenta ahora a las consecuencias de su propio éxito», dice en diálogo con BBC Mundo Hans van Meerten, profesor de Derecho Europeo de Pensiones de la Universidad de Utrecht, Países Bajos.
Islandia tiene un sistema de participación obligatoria en un fondo de pensiones, explica el investigador, como en muchas economías de Europa.
Pero… ¿cómo funciona el sistema?
En pocas palabras tiene tres pilares: una pensión pública que paga el Estado, una pensión obligatoria a la que contribuyen trabajadores y empleadores, y una pensión privada voluntaria.
Tiene 3 pilares: un sistema público, uno laboral obligatorio y uno voluntario.
- La pensión pública, financiada con impuestos, tiene dos modalidades.
Una básica que cubre a toda la población, excepto a las personas con mayores ingresos, y una complementaria, que también tiene límites en relación a los ingresos personales.
- El segundo pilar es la pensión obligatoria laboral. La ley establece un mínimo de contribuciones de 12% del salario, donde el empleado paga un 4% y el empleador un 8%.
Sin embargo, el esquema de contribución más común en el país es de un 15,5%, donde el empleador paga 11,5% y el trabajador 4%, gracias a las negociaciones sindicales.
El monto final de la pensión depende de la situación financiera de los fondos acumulados, pero debe, como mínimo, estar vinculado al índice de precios al consumidor.
- Y el tercer pilar es un ahorro voluntario.
Los trabajadores del sector privado se pueden jubilar a partir de los 67 años y los del sector público a los 65. Sin embargo, la mayor parte de las personas continúa trabajando para obtener mejores beneficios.
