Los datos recabados por la Encuesta Nacional de Hogares sobre Condiciones de Vida y Pobreza (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadística e Informática del Perú (INEI), nos muestra que de una población de casi 29 millones, contamos con una población económicamente activa (PEA) de más de 14 millones. Estos datos, complementados con los de la Oficina de Normalización Previsional (ONP), la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) y el Ministerio de Trabajo y Promoción Social, nos indican que al año 2007 la cobertura contributiva en pensiones (regímenes público y privado) alcanzó apenas un 15.1%. Es decir, que de cada 10 trabajadores con suerte 2 obtendrán el beneficio de una pensión.
Si el éxito de un modelo de seguridad social se mide por la cobertura subjetiva (la cantidad de personas protegidas), podemos afirmar que el sistema de pensiones en el Perú habría fracasado. La pregunta es ¿podemos mejorar esta situación con modificaciones al esquema vigente y esperar una mayor cobertura?
El sistema de pensiones en el Perú es esencialmente contributivo, por tanto, está más ligado al modelo de seguro social de Bismarck de finales del siglo XIX que al de seguridad social de Beveridge de 1945. En materia de salud, recién hace unos años se está aplicando un régimen asistencial no contributivo, a través del Seguro Integral de Salud (SIS), pero en pensiones la situación aún no ha cambiado.
En este escenario, considerando que la mayor parte de los trabajadores no tienen formalmente dicha condición, al pertenecer a una economía informal, careciendo por tanto de derechos laborales y de seguridad social, debemos recordar que éste es un tema de derechos humanos, por lo cual no podemos confundir las reglas de un sistema de ahorro privado con las de un sistema de protección social, de ahí que sea necesario que nos preguntemos, antes de elegir un modelo previsional, si seguiremos en un formato de seguro social o daremos un paso adelante.
Esta premisa nos condiciona a que para obtener una mejora en el campo de las pensiones, debemos – previa y necesariamente – sanear la situación del mercado laboral, y de manera paralela buscar una solución a problemas como la evasión en el pago de las aportaciones de la seguridad social. Pero, lo más importante, es considerar de manera conjunta la creación de un régimen no contributivo o pilar solidario, pues de lo contrario, la mayor parte de la población peruana carecerá en el futuro de una pensión digna para la vejez.
Los regímenes contributivos no sirven actualmente como vías de solución, pues la clase asalariada no es la más afectada, sino los que no tienen empleo o están en situación informal, porque no pueden adecuarse al pago de las aportaciones. Es necesario crear un nuevo modelo que proteja a los que más lo necesitan, de lo contrario, el sistema seguirá siendo inadecuado, fragmentario e insuficiente, pues la protección no solo es minoritaria, sino injusta, pues el grueso de la población hace posible – pagando sus impuestos – que exista un seguro social (en salud y pensiones) al que paradójicamente no accederán por no tener la condición de trabajadores (legalmente).
Ante esta cruda realidad, resulta una consecuencia lógica que seamos uno de los países con el menor índice de cobertura subjetiva en pensiones en Sudamérica al 2009, mientras que Uruguay registra la mayor cobertura (78.5%), seguido por Chile (60.2%), Argentina (46.2%) y Venezuela (31.5%).
En este escenario, considerando que en el Perú la mayor parte de las personas que laboran no tienen la condición de trabajador, al pertenecer a una economía informal, razón por la cual carecen de derechos laborales y de seguridad social (en salud y pensiones), debemos buscar mecanismos que nos permitan incrementar dicha cobertura, no solo para aumentar el fondo previsional, sino para asegurar la satisfacción de las necesidades básicas de la mayoría de la población, con una especial incidencia en las personas en condición de pobreza y extrema pobreza, no solo en las zonas urbanas, sino particularmente en las zonas rurales, pues ello no solo disminuirá futuras exigencias sociales y una carga económica que tendrá (al final) que ser asumida por el Estado, sino que ayudará a disminuir los niveles de pobreza, como ha ocurrido en países con condiciones geográficas similares a la nuestra (como Bolivia y Brasil), a través de los programas no contributivos. (continuará)
