Sobre proyecto de Ley de educadores costarricenses
Sobre proyecto de Ley de educadores costarricenses
El proyecto de ley que permitiría a un grupo de educadores dejar el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y regresar al del Magisterio Nacional (Junta de Pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional; JUPEMA) violenta la autonomía de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
Este es el principal argumento de más de 15 diputados que firmaron este miércoles una consulta de constitucionalidad sobre la polémica iniciativa enviada a la Sala Cuarta.
Según los legisladores, la propuesta violaría el artículo 73 de la Constitución Política, según el cual el seguro social es para todos los trabajadores y es financiado con la contribución obligatoria del Estado.
También sostienen que la iniciativa, aprobada en primer debate el 7 de junio anterior por la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera, violentaría el principio de progresividad de los derechos fundamentales, como el derecho a la seguridad social.
“El proyecto de ley en análisis es inconstitucional porque este tiene como resultado un perjuicio para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS estimado en 52.399 millones de colones. Por lo cual, la adopción de esta medida sería contraria al principio de progresividad en materia de derechos fundamentales y al deber del Estado de evitar tomar acciones que venga a disminuir o debilitar la posibilidad efectiva del derecho a la jubilación de todos los ciudadanos”, indica la consulta.
La acción concluye que “la Asamblea Legislativa termina diciéndole a la CCSS cómo gobernar y administrar la seguridad social del Estado (sin mayor sustento técnico unívoco, dicho sea de paso), al tiempo que con esa decisión impropia obtenemos un legislador ordinario que intenta retroceder el contenido esencial actual del derecho fundamental prestacional involucrado. Por ende, queda demostrado que el texto normativo consultado se aparta del vigente bloque de constitucionalidad, de manera desproporcionada e insalvable”.
Según el Gobierno, si la propuesta se aprueba, tendría un impacto de ¢52 mil millones en el IVM y el costo para las finanzas públicas rondaría entre los ¢11 mil millones y ¢33 mil millones anuales.
Sin embargo, la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema) afirma que el costo sería de ¢1.000 millones en el primer quinquenio.
