La reforma de las pensiones abre una brecha entre Macron y la mayoría de franceses
El Gobierno adopta la propuesta para subir de 62 a 64 años la edad de jubilación e inicia el procedimiento parlamentario pese a la amplia contestación social.
El presidente francés, Emmanuel Macron, se niega aparcar, como ya hizo en 2020, su iniciativa más impopular desde que llegó al poder: la reforma de las pensiones. El Consejo de Ministros, pese a las movilizaciones en la calle y a los sondeos adversos, adoptó este lunes la propuesta de ley para aumentar la edad de jubilación de 62 a 64 años a partir de 2030 y adelantar a 2027, ocho años antes de lo previsto, la exigencia de 43 años de cotizaciones para cobrar la pensión completa.
La reforma topa con una amplia contestación social. Un 68% de franceses se oponen, según un sondeo del instituto Ifop. El pasado jueves, mientras Macron firmaba en Barcelona un tratado de amistad con España junto al presidente español, Pedro Sánchez, más de un millón de personas protestaban en Francia contra la propuesta.
La primera jornada de huelgas y manifestaciones evidenció el divorcio entre el presidente y la ciudadanía. La paradoja es que en el Parlamento posiblemente Macron disponga de los votos suficientes para adoptarla.
Pese a perder en junio la mayoría absoluta, los macronistas prevén contar con el apoyo de Los Republicanos (LR), el partido de la derecha moderada. Si no lograse votos suficientes de LR, el Gobierno podría optar por la vía del decreto, aunque se arriesgaría a un mayor descontento social. Se oponen a la reforma toda la izquierda y la extrema derecha de Marine Le Pen, además de los sindicatos, incluido el moderado CFDT, el primer de Francia y habitualmente conciliador con Macron.
Tras el Consejo de Ministros del lunes, el titular de Trabajo, Olivier Dussopt, declaró que el Gobierno mantendrá los dos puntos esenciales de la reforma: la jubilación a los 64 años y la exigencia de 43 años cotizados. Pero se mostró abierto a introducir mejoras durante la tramitación parlamentaria.
“El Gobierno debe poder hacer su trabajo con el Parlamento, con serenidad y la voluntad de convencer y hacer avanzar el país”, dijo el domingo Macron durante una rueda de prensa junto al canciller alemán, Olaf Scholz. El mensaje del presidente es que, diga lo que diga la calle, esta reforma es fundamental en su segundo y último quinquenio –en 2027 no puede volverse a presentar– y, aunque acepte modificaciones, no va a renunciar a ella.
Más allá de los argumentos económicos, es una cuestión de credibilidad: llegó hace casi seis años al poder prometiendo transformar económicamente Francia y su legado dependerá de que lo haya logrado.
Tras reforma el mercado laboral, los ferrocarriles públicos o el impuesto sobre las fortunas durante el primer quinquenio, aplazó la reforma de las pensiones cuando estaba a punto de aprobarse en invierno del 2020, al inicio del primer confinamiento por la pandemia. En la campaña para las presidenciales de 2022, prometió que, esta vez sí, acometería la madre de todas las reformas.
Los partidarios y detractores de la reforma esgrimen argumentos paralelos. Ambos se postulan como los defensores del modelo social francés y acusan a los otros de socavarlo.
Los detractores de la reforma acusan a Macron de erosionar el estado del bienestar con políticas neoliberales. Recuerda que, según un informe oficial, en 2021 el sistema de pensiones tuvo un excedente de 900 millones de euros, y en 2021 de 3.200 millones (según el mismo informe, será deficitario en los 25 años siguientes). Y subrayan que la reforma penalizará a las personas sin estudios avanzados que entraron más jóvenes en el mercado laboral y, con frecuencia, con empleos precarios y causantes de un desgaste físico.
