Despreciar la vida. Derecho a la salud (opinión)
Despreciar la vida. Derecho a la salud (opinión)
La agonía de la salud pública en América Latina
Pablo Gentili
Nota.- Comentario aparecido en diario El País.
La salud pública en América Latina está en ruinas.
El derecho a una vida digna se vuelve un privilegio para miles de ciudadanos y ciudadanas que mueren por enfermedades que podrían ser atendidas con cuidados médicos básicos o con instalaciones hospitalarias adecuadas. Una expresión más del altísimo grado de injusticia social en la región que vuelve a ser la más desigual del planeta.
En una conmovedora carta, Irene Montero y Pablo Iglesias, agradecían recientemente a la sociedad española y a su sistema de salud pública que sus dos pequeños hijos habían pasado la etapa más crítica del cuidado y la atención medica que exigió su nacimiento prematuro. “Todo ha sido posible gracias a un equipo de profesionales de la sanidad pública además del cariño y apoyo de nuestra gente –sostuvieron. Muchos prematuros como ellos, en otros lugares del mundo, no tienen la misma suerte. Nuestros hijos tienen hoy dos meses porque nacieron en un país que cuenta con algo mucho más importante que cualquier himno o bandera: un sistema sanitario universal. Les contaremos que nada merece más lealtad que eso. Su vida y su salud no sólo son el resultado de los avances médicos y científicos, sino también de una sociedad que todavía asegura los mejores cuidados para cualquier persona independientemente de su posición social. Muy pocos niños recibirían lo que necesitan y merecen si la salud estuviera sometida a las leyes de la oferta y la demanda. Explicaremos a nuestros hijos por qué vamos a ser siempre leales a lo que les permitió vivir: lo común.”
La salud pública en España, esa conquista colectiva que consiguió resistir a los embates de ajuste, privatización y corrupción de 15 años de administraciones del Partido Popular, constituye un patrimonio democrático defendido por la sociedad y por movimientos que, como la Marea Blanca, han permitido que millones de españoles y españolas celebren la vida no sólo como un milagro, sino también como un derecho que se alcanza y se defiende cada día.
Argentina: cambiar para que todo empeore
El 3 de septiembre pasado, el mismo día en que Irene Montero y Pablo Iglesias publicaron su carta, el presidente argentino, Mauricio Macri, extinguió por decreto el Ministerio de Salud Pública. También lo hizo con el Ministerio de Trabajo, el de Ciencias y Tecnología y el de Cultura, entre otros. Nadie, en su sano juicio, consideró que la medida estaba destinada a volver más eficiente el gasto público, como prometió el presidente, sino a reducirlo en ámbitos especialmente sensibles a criterios de eficiencia y productividad empresarial como pueden ser la salud o la educación de los más pobres. En América Latina, con excepción de Cuba, el sistema público de salud atiende a los sectores de menores ingresos, obligando a las clases medias, e inclusive a segmentos de los sectores populares, a pagar por su atención sanitaria básica, la cual, además de cara, es muchas veces también precaria, obsoleta e ineficiente.
Como en casi todos los países de la región, el sistema de salud argentino está segmentado y fragmentado, además de atravesado por una lógica privatizadora que sistemáticamente fragiliza, estigmatiza y degrada la atención pública. La promesa de extinguir el Ministerio de Salud Pública para mejorar la eficiencia del gasto público, se contradice con la decisión del gobierno Macri de reducir los recursos para el sector en el presupuesto de 2018. En efecto, el presupuesto destinado a salud pública para el presente año se contrajo 1% con relación al año anterior. Una reducción que oculta cortes mayores en programas preventivos o de enorme importancia, como el Programa Madre y Niño, cuya reducción, con relación al año anterior, fue de más del 12%. Lo dramático es que este recorte presupuestario se estableció sobre una previsión inflacionaria anual del 15,7% (altísima para cualquier país del mundo). Sin embargo, la inflación de este año superará el 40% en Argentina, reduciendo exponencialmente el gasto en salud del gobierno que llegó al poder proponiendo un cambio en las formas de hacer política y para defender los intereses ciudadanos frente a la amenaza populista.
La reducción del presupuesto público de salud no sólo se vio afectada por los recortes en las partidas asignadas y por la altísima tasa de inflación, sino por el hecho de que muchos de sus insumos son consignados en dólares. Argentina lidera casi todos los rankings de desvalorización de la moneda nacional durante el 2018. Con relación al dólar, la moneda argentina se ha desvalorizado más de 100% en los primeros 9 meses del año. Así, los recursos previstos para el campo de la salud, se redujeron más de 3 veces con relación a la previsión inflacionaria y no menos de 6 a 7 veces con relación al precio del dólar. En suma, menos recursos y, ahora, un Ministerio menos.
La crisis del sistema de salud argentino no la sufren sólo los más pobres, sino las mismas clases medias y buena parte de los sectores empresariales que votaron a Mauricio Macri. El costo de la salud privada no ha parado de crecer, pero el costo de la atención también, haciendo con que el presidente de la asociación que reúne a las principales empresas privadas de atención médica haya afirmado que el “el sector de la salud se encuentra en su peor hora, en una crisis peor que la del 2001”. Aquel año marcará uno de los momentos más dramáticos de la historia contemporánea argentina, cuando el país se encontraba sumido en una de sus más graves crisis sociales y políticas.
Colombia y México: sistemas de salud en quiebra
“México está en bancarrota”, sostuvo hace unos días Andrés Manuel López Obrador, futuro presidente del país. La afirmación generó gran indignación entre los responsables del abismo económico y social en el que se encuentra sumergida una nación en la que la vida de los más pobres nunca ha valido demasiado. Sólo en el primer semestre de este año han muerto asesinadas 16 mil personas, 74% más que el 2015. Los pobres mexicanos mueren a borbotones, en una sociedad donde más del 20% sufre la falta de acceso a la alimentación, y casi la mitad de los ciudadanos y ciudadanas están por debajo de la línea de la pobreza o sufre condiciones de vulnerabilidad. Los que no comen, sufren enfermedades endémicas. Los que comen, también. Uno de cada tres niños mexicanos es obeso, una enfermedad que alcanza a más del 70% de los adultos. Así, la diabetes matará más de 100 mil personas en México este año. ¿Por qué tanta indignación cuando su futuro presidente afirma que el país está en bancarrota?
¿Qué hacer?
Solucionar de forma inmediata la crisis de la salud pública en América Latina constituye un imperativo político y ético democrático. Constituimos la región más violenta del mundo, con el mayor número de asesinatos por arma de fuego del planeta; corremos el riesgo de volver a ser la región más desigual, sólo superada por el África Subsahariana; la pobreza y, particularmente, la pobreza extrema vuelve a crecer exponencialmente; y somos una región donde la violación del más básico derecho a una atención médica primaria, les cuesta la vida a millones de personas cada año. Una región donde la única posibilidad de tener acceso a servicios de salud mínimamente estables, aunque no siempre de calidad, supone pagar por ellos.
América Latina cuenta con centenares de especialistas en el campo de la salud pública que podrían aportar ideas, soluciones y alternativas a la crisis que vive el sector.
El caos y la decadencia del sistema público de salud no es producto, por lo tanto, de ninguna fatalidad, sino una decisión política de las élites que han gobernado históricamente nuestros países, secuestrando derechos ciudadanos y fragilizando las condiciones de vida de los más pobres. Un sistema de salud incapaz de proteger la vida de los más débiles, especialmente de los niños y de las niñas que acaban de nacer y de sus madres, es uno de los más eficaces mecanismos de reproducción de la injusticia social y de precarización de las clases populares, cristalizando el miedo y la inseguridad que los acompañará a lo largo de toda su vida. La crisis de la salud pública siempre ha sido una decisión política. Y la decisión de que el sistema público de atención sanitaria funcione también será, siempre e indefectiblemente, política.
La solución, una vez más, está en la política.
Si Argentina, por ejemplo, redujera a la mitad la evasión fiscal de las empresas, podría contratar más de 120.000 nuevos médicos. Y, si la redujera totalmente, doblaría el número de médicos existentes, contratando más de 240.000 (hoy, posee 215.000). Además, si el gobierno argentino eliminara los beneficios o privilegios fiscales de las empresas, podría contratar casi 160.000 nuevos médicos más, superando ampliamente a Cuba en el número de médicos por cada 1.000 habitantes.
Del mismo modo, si Colombia eliminara la evasión fiscal de las empresas, podría contratar más de 415.000 nuevos médicos, cuatro veces más de los que posee actualmente, siendo uno de los países de la OCDE con menor número de médicos por habitante. Además, si eliminara las ventajas fiscales que benefician a las empresas, dejando de recibir tributos que podrían beneficiar a todos los ciudadanos y ciudadanas colombianos, podrían contratar 1.532.839 nuevos médicos, transformando al país en la nación del mundo con mayor número de profesionales en el campo de la salud. Recordemos que hoy, Colombia, posee menos de 100.000 médicos, 15 veces menos que los que podría tener si se eliminaran privilegios fiscales al sector privado.
México, podría contratar más de 350.000 nuevos médicos si controlara la evasión fiscal de las empresas. O sea, duplicaría su plantel sanitario. Si, además, eliminara los beneficios fiscales que empobrecen al erario público, podría contratar 228.000 médicos más, los que podrían garantizar acceso universal a la salud al conjunto de la población rural e indígena.
Finalmente, si Brasil redujera a la mitad la evasión fiscal, podría contratar más de 200.000 nuevos médicos. Y, si redujera a la mitad los beneficios fiscales de las empresas, 180.000 médicos más. O sea, sólo reduciendo a la mitad la evasión y los privilegios fiscales casi duplicaría el número de médicos contratados por el sistema público de salud. Si los eliminara, podría contratar más de 720.000 nuevos médicos.
