Regulaciones laborales y flexibilidad laboral en América Latina
Regulaciones laborales y fexibilidad laboral en América Latina
Mario D. Velásquez Pinto
Artículo incluido en el libro «Institucionalidad Social en América latina y el Caribe».
Las regulaciones del mercado de trabajo, y su efectivo cumplimiento, son factores decisivos para que las relaciones laborales se desarrollen en condiciones de libertad, igualdad, seguridad y dignidad humana. Estos son los atributos en que se basa la OIT para defnir el trabajo decente y sirven de referencia para el establecimiento de estándares internacionales en la materia.
En las últimas décadas, se ha cuestionado en la región el papel y la efectividad de tales regulaciones. Esto sucedió sobre todo en los años noventa, debido a la creencia de que los procesos de liberalización de las economías para facilitar el comercio de bienes y servicios y los fujos fnancieros internacionales requerían mayor fexibilidad salarial y movilidad laboral (Banco Mundial, 1995).
Con el fn de facilitar la reestructuración y el ajuste a medida que los países se abrían a una mayor competencia e integración en la economía mundial, se consideró necesario modifcar las regulaciones en los ámbitos de las relaciones laborales individuales y colectivas, así como en el de las contribuciones sociales y demás gravámenes aplicados sobre los salarios. Se presuponía que estos producían efectos negativos al favorecer a quienes tenían buenos trabajos, en detrimento de los desempleados y los trabajadores de la economía informal. La fexibilidad del mercado de trabajo se entendía como un factor clave para el éxito de las reformas que anticipaban el crecimiento de la región4 . Vega Ruiz (2005) determinó que 11 de 17 países latinoamericanos analizados habían implantado reformas laborales favorables a la fexibilidad entre 1990 y 2005.
Las reformas más profundas se habían realizado en la Argentina y el Perú, seguidos de otros cuatro países (Brasil, Colombia, Ecuador y Panamá), donde fueron importantes, aunque menos amplias. En otros cinco países (Chile5 , Guatemala, Nicaragua, República Dominicana y Venezuela (República Bolivariana de)) las reformas fueron de menor magnitud. Ello se vio complementado con cambios en las políticas de protección social de base contributiva. Una de las áreas privilegiadas de intervención, bajo este enfoque, fue la de pensiones (véase el capítulo IV). En efecto, el Banco Mundial alentó su privatización y la conformación de un sistema multipilar, en que se debía considerar un componente constituido por planes de ahorro, de carácter obligatorio, fnanciados íntegramente por los cotizantes y gestionados por empresas privadas (Banco Mundial, 1994). Se esperaba que este tipo de sistema alentara el crecimiento económico, el desarrollo de los mercados de capitales y de la inversión y, con ello, el empleo productivo, base indispensable a su vez para el desarrollo de los sistemas contributivos de seguridad social.
En cuanto a los resultados obtenidos, Fraile (2009) sostiene que tales políticas sociolaborales casi nunca produjeron los frutos previstos. La fexibilización laboral, la descentralización de la negociación colectiva, la privatización de las pensiones y el peso creciente del mercado en la provisión de bienestar social causaron, a menudo, un aumento de la informalidad y de las desigualdades y una reducción de la protección social, sin estimular el empleo. El comportamiento del mercado de trabajo no mejoró de manera signifcativa tras las reformas, por lo que no se cumplió la expectativa de que la liberalización incrementaría la demanda de mano de obra (Berg, Ernst y Auer, 2006). En cambio, la inestabilidad laboral aumentó en la región durante los años noventa, pues la antigüedad media en los puestos de trabajo disminuyó hasta situarse en 7,6 años a fnales del decenio, mientras que en los países de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE) ascendía a 10,5 años (Tokman, 2007).
